Sergio Sarmiento, polémico y destacado periodista con más de 25 años de trayectoria, discute a quiénes deben destinarse nuestros impuestos, a la reactivación económica o a la población vulnerable.

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Todo el mundo pregunta en estos días: ¿A quién debe apoyar el gobierno? ¿A los jóvenes y adultos mayores o a las pequeñas empresas y el sector productivo? Mi posición personal es que a ninguno. El gasto público debe usarse solamente para cubrir los servicios públicos, no para subsidiar a nadie.

Muchos servicios, por su naturaleza, deben ser realizados por un gobierno y no por individuos o empresas. La seguridad y la justicia son los más importantes. No podemos tener policías, ministerios públicos o jueces privados, porque solo quienes puedan pagar tendrían seguridad y justicia. Muchas otras actividades, sin embargo, son realizadas de forma más eficiente por las personas en lo individual o por las personas unidas en lo que llamamos empresas.

Los miembros de una sociedad pagamos impuestos para dar al gobierno los recursos que le permitan ofrecer los servicios que necesitamos en conjunto. Lo mismo hacemos los condóminos en un edificio para tener una administración que nos proporcione servicios de seguridad y limpieza. Al unirnos en un condominio, sin embargo, no consideramos la posibilidad de usar una parte de nuestra cuota para subsidiar a los condóminos con menos recursos o a las empresas propiedad de los condóminos. El dinero del condominio debe usarse nada más para los servicios de los que gozamos todos como comunidad. Cualquier desviación es un fraude.

Lo mismo debemos hacer con el dinero de los impuestos. Este debe emplearse para cubrir el costo de los servicios necesarios para la comunidad. La seguridad es el principal, pero también debemos incluir la limpieza de las calles, la sanidad pública, la recolección y procesamiento de la basura, y muchos más. Las sociedades modernas han elegido otros adicionales. Se han impulsado, por ejemplo, sistemas de educación y salud pública bajo la idea de que se trata de bienes que no deben negarse a quien no tenga recursos para pagar. El argumento puede ser correcto, siempre y cuando esos servicios tengan una calidad suficiente y no se conviertan en una simple forma de desviar recursos públicos a bolsillos privados.

Utilizar dinero público para subsidiar a determinados grupos de la sociedad, ya sean jóvenes, adultos mayores, empresas o cualquiera otro, es injusto no solo porque implica pagar mayores impuestos o quitar recursos necesarios para cubrir los servicios públicos realmente necesarios, sino porque al final no sirve para el bien común, sino solo para beneficiar a unos cuantos. Repartir dádivas compra votos o enriquece a algunos políticos o empresarios, pero no promueve una mayor prosperidad para todos.

En subsidiar a los pobres, el gobierno debe dejar de poner obstáculos a la inversión y la actividad económica. El pobre se beneficia más de un empleo productivo, que le permita dejar atrás la pobreza, que de la caridad del gobierno. En vez de subsidiar a las empresas, lo cual favorece a unas cuantas, pero genera condiciones adversas a sus competidores, el gobierno debe reducir al máximo su burocracia para permitir que las empresas florezcan y con ellas sus trabajadores.

“A diferencia de la solidaridad, que es horizontal y se ejerce de igual a igual, la caridad se practica de arriba-abajo, humilla a quien la recibe y jamás altera ni un poquito las relaciones de poder”. Esto lo escribió Eduardo Galeano, el autor uruguayo. Su visión es justa. No hay que regalar dinero. La responsabilidad del gobierno es usar sus recursos para proporcionar los servicios públicos por los que los ciudadanos pagan impuestos, al tiempo que aplica políticas públicas que generen prosperidad. Repartir dádivas solo perpetúa la pobreza.

-Por Sergio Sarmiento

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