Lucero Álvarez, conductora de ADN40, analista especializada en temas financieros, discute a quiénes deben destinarse nuestros impuestos, a la reactivación económica o a la población vulnerable.

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No cabe duda que la pandemia actual nos ha afectado a todos, cada uno con necesidades y escenarios distintos, pero finalmente no existe persona que no haya sentido sus estragos: adultos mayores, jóvenes, población de bajos recursos, empresarios millonarios, PYMES, multinacionales, entre otros.

Económicamente hablando, México sería uno de los cinco países en el mundo más afectados por el COVID-19. Esta es la previsión del Fondo Monetario Internacional, quien también espera una contracción del PIB mexicano de 10.5% en el 2020. A tal proyección deben sumarse las estimaciones de otros organismos nacionales e internacionales, las cuales son preocupantes, porque para el país se espera una recuperación económica de 5 a 10 años, así como un panorama desolador para el mercado laboral con la pérdida de hasta 12 millones de empleos este año, incluyendo los del sector informal, según la organización Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.

Con tal escenario de fondo se pide apoyo del gobierno para los distintos sectores y a su vez éste no quiere contraer deuda para que al país no le represente un problema a largo plazo. Pero no contraer deuda podría salir “caro”, porque al cerrar las empresas se pierden empleos y también recaudación fiscal; si a este rubro le sumamos su marcado deterioro, México podría perder su grado de inversión, lo que conllevaría a que fuera más complicado atraer nuevas inversiones y recuperar los empleos perdidos.

Entonces, teniendo en mente todo lo anterior, ¿a quién se debería apoyar primero? ¡A todos, claro!, eso si México tuviera políticas fuertes con condiciones vitales que permitieran una recuperación inclusiva.

En el caso de las PYMES, se intenta conservar a los trabajadores y no cerrar definitivamente. Los dueños de muchos de estos negocios ahorraron por años para abrir sus puertas y se convirtieron en el sustento de cientos de familias mexicanas, pero en pocos meses, el COVID-19 ha dejado tantos estragos que algunas firmas han despedido a un porcentaje importante de su personal o se han declarado en quiebra, ya que los créditos de 25 mil pesos otorgados por el gobierno federal no alcanzan para cubrir desabasto, deudas y nómina. A pesar de la reapertura, la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) estima que la pandemia cerraría más de 500 mil empresas formales en el país. El organismo hace énfasis en que para enfrentar la crisis, el gobierno mexicano ha dispuesto de apoyos fiscales equivalentes al 1.1% de su PIB de 2019, mientras que el promedio de América Latina en otros países es de 3.2%.

Otro sector vulnerable ante la crisis son nuestros adultos mayores. El gobierno federal anunció que los jubilados y adscritos al programa “Bienestar para Adultos Mayores”, serán beneficiados con un adelanto de su pensión. Ellos podrán permanecer en casa y cuidarse, ¿pero qué pasa con quienes no cuentan con una jubilación, o no se encuentran en el padrón del “Censo del Bienestar” y aún no se les ha incorporado al programa? ¿Qué ocurre con las personas de edad avanzada que tampoco tienen familiares que les brinden apoyo económico y que, en muchos casos, ellos siguen siendo los responsables de llevar el alimento a casa? Este segundo grupo de adultos mayores también nos preocupa, porque ante la necesidad, tienen que salir de casa y buscar una forma de ganarse la vida con el riesgo de enfermar. Para ellos 24 horas de confinamiento puede representar no probar alimento.

En conclusión, el apoyo a los distintos sectores económicos y de la población debe ser a gran escala para evitar la pérdida de empleos, el cierre de empresas y el aumento de pobreza en el país. No será fácil, pero tendrá que convertirse en la tarea primordial del gobierno en curso en los meses que restan del año.

-Por Lucero Álvarez

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